El fútbol argentino se sacudió este viernes con un pedido de detención que apunta directamente al corazón del poder en la calle Viamonte. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la captura inmediata de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de su mano derecha y tesorero, Pablo Toviggino. La acusación es demoledora: se los investiga como cabecillas de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y a una “defraudación sistemática” contra la entidad madre del fútbol, utilizando una red de empresas fachada para desviar fondos millonarios hacia beneficios personales.
La investigación, que consta de un dictamen de 181 carillas, revela un entramado de corrupción que habría operado de manera coordinada al menos desde 2018. El fiscal Simón sostiene que Tapia utilizó su cargo para convalidar transferencias espurias a favor de sociedades vinculadas a Toviggino, las cuales carecerían de actividad comercial real. Este esquema no solo involucra la compra de estancias y vehículos de lujo, sino que pone bajo la lupa una fastuosa casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, evidenciando un nivel de impunidad que ahora la justicia federal busca desarticular.
El pedido de detención no se limita a la cúpula; alcanza a un total de 24 personas, incluyendo familiares y presuntos testaferros que habrían prestado sus nombres para ocultar el origen ilícito de los bienes. Para la fiscalía, el riesgo de fuga y la capacidad de estas figuras para obstaculizar el proceso judicial son motivos suficientes para ordenar la prisión preventiva. Mientras el juez de turno en Tucumán define el futuro de los implicados, la inhibición general de bienes ya es un hecho, dejando a los mandamases del fútbol argentino en una situación de debilidad inédita frente a la ley.
Este terremoto judicial tiene un impacto directo en el interior del país, donde el poder de Toviggino sobre las ligas y clubes ha sido históricamente determinante. Lo que comenzó como una denuncia por irregularidades financieras ha escalado hasta convertirse en la causa penal más grave que haya enfrentado la actual dirigencia de la AFA. Con pruebas que apuntan a una organización criminal con recursos económicos incalculables, el “Chiqui” Tapia y su entorno se enfrentan ahora al partido más difícil de sus vidas: el de evitar que las rejas se cierren sobre el modelo de gestión que impusieron a fuerza de sospechas y negocios oscuros.
