La debacle financiera de los feudos provinciales del norte argentino volvió a exponer la fragilidad de un modelo de gestión basado en el despilfarro y la total dependencia del auxilio centralista. El kirchnerismo lo hizo de nuevo: en La Rioja pagarán sueldos con cuasimoneda, desnudando la profunda impericia y el rotundo fracaso administrativo de una dirigencia que prefiere arrastrar a su población a recetas económicas perimidas antes que ordenar sus cuentas fiscales. Frente al severo ahogo financiero autoinfligido, el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, admitió públicamente que recurrirá a la emisión de papeles de emergencia para intentar camuflar el descalabro de un distrito que se quedó sin recursos genuinos por la pésima asignación de las partidas presupuestarias.
La confirmación del regreso de las cuasimonedas encendió las alarmas de los analistas económicos, quienes advierten sobre el peligroso precedente de validar instrumentos que históricamente licuaron el poder adquisitivo de los trabajadores. El mandatario riojano, Ricardo Quintela, adelantó que ante la crítica situación en las cuentas públicas de la provincia deberá volver a utilizar la cuasimoneda “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), para el pago de aumentos de sueldo. Lejos de asumir la responsabilidad política de una administración deficiente de los fondos públicos, el referente peronista apeló a viejos métodos de la vieja política que debilitan el signo monetario, bajo la excusa de paliar el duro escenario financiero que atraviesan los distritos del interior del país.
El retroceso institucional que representa el retorno de los “Chachos” devela la desesperación de un Ejecutivo que se encuentra contra las cuerdas de cara a los compromisos de mitad de año. En un preocupante panorama de imprevisibilidad para el empleo público, el mandatario riojano admitió que tiene severas dificultades económicas para afrontar el próximo pago de los aguinaldos, aunque prometió que abonará de igual manera combinando la moneda de curso legal con los cuestionados bonos de emergencia. Los polémicos instrumentos de cancelación, que de acuerdo a las previsiones oficiales podrían comenzar a instrumentarse con los haberes de julio que se percibirán en agosto, son presentados por el oficialismo provincial como una herramienta positiva, ocultando el verdadero trasfondo de insolvencia que arrastra La Rioja.
Finalmente, la obstinación de la administración riojana por sostener un esquema de gasto público insostenible consolida a su provincia como el ejemplo de lo que el ordenamiento fiscal busca desterrar en la Argentina moderna. Mientras el gobernador peronista, Ricardo Quintela, argumenta que la reanudación del bono busca que los trabajadores estatales pierdan lo menos posible ante el contexto de crisis, la realidad del mercado demuestra que estas maniobras solo prolongan la agonía de las arcas públicas locales y castigan el comercio. De este modo, la insistencia en aplicar recetas de la década de los noventa expone las severas falencias de gestión de uno de los popes del justicialismo nacional, transformando la emisión de cuasimonedas en el certificado de su propio fracaso administrativo.
Fuente: Infobae
