El entramado mercantil de la provincia se encuentra en estado de máxima alerta ante las políticas de ajuste en el transporte público, advirtiendo que las determinaciones del gobernador, Gustavo Sáenz, y de la cúpula de Saeta atentan directamente contra la actividad económica regional al desproteger a los sectores más vulnerables. El malestar del comercio salteño por el recorte al servicio nocturno de colectivos expone la insensibilidad de una gestión que, lejos de garantizar previsibilidad, empuja a la incertidumbre a miles de trabajadores que se quedarían sin alternativas viables para retornar a sus hogares. Frente a este panorama de desidia, el gremio mercantil no solo repudió la inminente parálisis del servicio en las franjas clave, sino que también exigió revisar de manera urgente el elevado costo del boleto y reabrió con fuerza el histórico debate por la implementación del horario corrido en Salta.
La controvertida medida de fuerza patronal y oficialista, avalada por el Grand Bourg, cosechó un enérgico rechazo por parte de las bases sindicales que defienden los derechos de los asalariados. El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, expresó su profunda preocupación por la suspensión del servicio nocturno de colectivos dispuesta por la empresa estatal y advirtió que la restricción afectaría de forma dramática tanto a los estudiantes de los establecimientos educativos nocturnos como a cientos de operarios que dependen exclusivamente del transporte masivo para movilizarse. Para el dirigente, la claudicación del Ejecutivo salteño en su obligación de sostener las frecuencias representa un golpe directo a la clase trabajadora metropolitana.
La miopía gubernamental de Sáenz y el directorio de la empresa de transporte parece desconocer por completo la dinámica laboral de los principales motores económicos de la capital y sus alrededores. En este sentido, el referente gremial señaló que, si bien la mayoría de los locales comerciales tradicionales cierran sus puertas alrededor de las 21, muchos supermercados y grandes superficies mantienen sus bocas de atención al público hasta las 22, lo que implica que sus empleados suelan finalizar las tareas operativas de reposición y cierre cerca de las 23 o incluso más tarde. De efectivizarse el apagón de unidades que Saeta planea ejecutar, se consolidaría un abandono estatal flagrante hacia el personal de maestranza y cajas.
Finalmente, la conducción mercantil desnudó el impacto geográfico de una decisión centralista que castiga con mayor dureza a quienes habitan en las zonas periféricas y los municipios vecinos. “Tenemos compañeros y compañeras que viven en el Valle de Lerma y en distintas localidades del interior que podrían quedarse sin posibilidad de regresar a sus casas”, sostuvo con firmeza, César Guerrero, reflejando el drama de cientos de salteños que quedarían desamparados por el recorte. De este modo, la falta de gestión de las autoridades provinciales vuelve a descargar el costo de la crisis sobre las espaldas del comercio, sumando un nuevo capítulo de conflicto social provocado por las erráticas políticas de la administración de Saeta.
