Una investigación judicial que incluyó casi 30 allanamientos en los últimos cinco meses amenaza con sacudir al arco político y económico tras revelarse que se detectan coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández. El fiscal Franco Picardi lidera la causa que ya cuenta con varios operadores financieros imputados y cinco funcionarios del Banco Central bajo la lupa. Este esquema de retornos ilegales habría operado durante la fase más restrictiva del cepo cambiario, aprovechando la necesidad desesperada de divisas de las empresas para mantener su operatividad.
Las pesquisas se centran en las irregularidades detectadas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. Este sistema, que otorgaba acceso al dólar oficial, se convirtió en un verdadero “tabú” para la política nacional debido a las constantes denuncias de empresarios y despachantes de Aduana que daban cuenta de pedidos de sobornos. Pese a los intentos de informes legislativos que fueron bloqueados en su momento, la Justicia ha logrado finalmente avanzar sobre la discrecionalidad de este complejo andamiaje administrativo.
El funcionamiento de este circuito dependía de una coordinación precisa entre diversos organismos como la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, áreas donde la influencia del entonces ministro Sergio Massa era determinante. El esquema evaluaba la capacidad económica de las empresas importadoras, pero en la práctica, se sospecha que se utilizaba para filtrar quiénes accedían a las divisas en función del pago de “peajes”. En los cuatro casos específicos detectados hasta ahora, el fiscal habría identificado no solo los porcentajes de las coimas (que oscilan entre el 10% y el 15%), sino también el rastro de operaciones que superan los US$3,5 millones.
Finalmente, el avance de esta causa, que se mantiene bajo estricto secreto de sumario, representa un nuevo frente de conflicto para el entorno de Alberto Fernández al cierre de su mandato. El hecho de que las importaciones cuestionadas efectivamente se realizaran confirma la eficacia delictiva de un sistema que distorsionó el comercio exterior argentino en beneficio de unos pocos. Mientras se procesan los datos obtenidos en los allanamientos, el establishment aguarda con inquietud el alcance final de una investigación que promete exponer los vínculos más oscuros entre el poder político y el financiamiento irregular en tiempos de crisis.
