En un fallo clave de fuerte impacto político, La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso contra Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la denominada causa Vialidad. El máximo tribunal del país dispuso que la cifra original de 85.000 millones de pesos se eleve de manera drástica a 685.000 millones de pesos, una resolución judicial que convalida y acelera de forma inmediata las medidas de ejecución patrimonial impulsadas en los tribunales federales de Retiro, abriendo las puertas al próximo remate de los bienes afectados.
La contundente orden de decomiso económico alcanza un total de 111 bienes muebles e inmuebles distribuidos en distintas provincias. En sintonía con la ratificación del fallo superior, el Tribunal Oral Federal 2 ya puso en marcha el proceso técnico de tasación y peritaje oficial sobre varias de las propiedades residenciales y comerciales ubicadas en el sur del país, con el objetivo de establecer sus valores actuales de mercado antes de que salgan de forma pública a subasta.
La resolución del organismo también rechazó de manera directa todos los planteos de nulidad técnica y el pedido de suspensión de las actividades patrimoniales que habían interpuesto los equipos de abogados defensores. En el mismo sentido normativo, el tribunal desestimó el recurso legal presentado por el empresario, Lázaro Báez, quien también cuenta con una sentencia firme a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La decisión judicial definitiva llevó la firma unánime de los tres jueces del tribunal más alto de la República: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con este pronunciamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se clausuró por completo el último recurso que le quedaba disponible a la ex mandataria sobre este punto específico de la ejecución, dejando la millonaria actualización patrimonial en condiciones de ser ejecutada de inmediato.
