En un fallo con un impacto institucional sin precedentes, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y habilitó a la Justicia para ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner. La resolución de la cámara alcanza también al patrimonio de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de los activos del empresario Lázaro Báez. Esta medida judicial busca consolidar la recuperación efectiva de activos vinculados a maniobras de corrupción, asegurando que los recursos que pertenecen al Estado regresen al control público tras el proceso penal que analizó el fraude en la obra pública santacruceña.
El tribunal ratificó, por mayoría, un criterio jurídico fundamental que establece que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando estos hayan sido heredados por los descendientes o transferidos a terceros. Al validar lo actuado previamente por el Tribunal Oral Federal 2, los jueces de Casación despejaron el camino para que el remate de los bienes se haga efectivo. Esta decisión confirma que la titularidad actual de los activos no impide la ejecución de las sentencias cuando se demuestra que el patrimonio en cuestión fue producto de actividades delictivas contra la administración pública.
La ejecución patrimonial tiene como objetivo cubrir el monto del recupero fijado en la sentencia original, el cual asciende a una cifra superior a los 684.000 millones de pesos. Para garantizar el cumplimiento de este resarcimiento, el sistema judicial dispuso el remate de diversas propiedades y activos financieros que formaron parte del entramado investigado. La magnitud de la suma a recuperar refleja la escala del daño económico identificado por los peritos y los magistrados durante las etapas de instrucción y debate oral de esta compleja causa federal.
Finalmente, la medida se extiende sobre los activos de empresas que funcionaron como instrumentos centrales de la maniobra delictiva, destacándose el caso de Austral Construcciones y otras sociedades vinculadas a Lázaro Báez. Con este fallo de la Sala IV, la justicia federal avanza en la etapa de ejecución de pena, enfocándose en la desarticulación económica de la estructura que fue condenada. De esta manera, el proceso por la causa Vialidad entra en una fase definitiva de resarcimiento, donde la venta de los bienes incautados permitirá materializar la devolución de los fondos desviados.
