En la Cámara de Diputados de la Provincia, el saencismo cajoneó el proyecto de La Libertad Avanza que proponía ampliar los juicios populares para corruptos, impidiendo su tratamiento en el recinto. La iniciativa buscaba modificar la Ley 8.478 para incorporar delitos de gravedad institucional como el enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y abuso sexual al sistema de jurados. Pese a que el proyecto apunta a devolver a la ciudadanía de Salta una facultad constitucional fundamental, el bloque oficialista evitó otorgar el dictamen necesario para su debate.
El diputado provincial, Eduardo Virgili, impulsor de la iniciativa, lamentó que esto ocurra, pero aseguró que va a seguir trabajando en el mismo sentido: terminar con la corrupción en Salta. El legislador, junto a los diputados Arce, Cansino, Cayo, Davids, Domínguez, Esper, Lastra y López, fundamentó que la propuesta busca alinear la legislación local con el artículo 118 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la falta de voluntad política del oficialismo impidió que los ciudadanos salteños recuperen el poder de juzgar penalmente a quienes malversan los fondos públicos.
Este bloqueo en la Cámara Baja pone de manifiesto la resistencia del Gobierno de Gustavo Sáenz a permitir una participación ciudadana directa en el juzgamiento de funcionarios públicos. Al frenar la ampliación del juicio por jurados para los delitos de “guante blanco”, la gestión saencista parece priorizar el mantenimiento de un sistema judicial convencional, evitando que la mirada de la sociedad civil intervenga en las causas por corrupción que afectan a las estructuras del Estado.
Ver esta publicación en Instagram
La injerencia del oficialismo para evitar que el proyecto vea la luz genera un fuerte interrogante sobre las prioridades de la actual gestión parlamentaria en Salta. Mientras los fundamentos de LLA sostienen la necesidad de transparentar el funcionamiento de la justicia, la decisión del bloque oficialista de no dar dictamen deja al desnudo una estrategia de blindaje legislativo. En este contexto, la demanda social de mayor control sobre los actos de gobierno queda postergada por una mayoría que prefiere mantener los juicios por corrupción lejos del veredicto popular.
