A través del Decreto 242/26, el Gobierno de Javier Milei reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una medida clave para reactivar la economía y dar respuesta a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina que pedían soluciones urgentes. El plan, que tendrá una vigencia de dos años, permite que las empresas que realicen inversiones productivas accedan a importantes beneficios impositivos según su tamaño. Con esta gestión, el presidente Milei busca que las PyMEs vuelvan a ser competitivas, exporten más y generen nuevos puestos de trabajo genuinos en todo el país.
El gran beneficio de esta medida es que las empresas podrán recuperar su inversión mucho más rápido mediante la “amortización acelerada”. Esto significa que quienes compren maquinaria o tecnología podrán descontar esos gastos de sus impuestos en solo dos años, mejorando su disponibilidad de dinero en caja. Además, el campo recibió un impulso especial: cualquier inversión en sistemas de riego o mallas antigranizo podrá descontarse de impuestos en apenas un año, sin importar el monto invertido. A esto se suma que el Estado les devolverá el IVA de sus inversiones en solo tres meses, dándoles el aire financiero necesario para crecer.
La gestión de Milei también puso el foco en la modernización y la ecología, incluyendo beneficios para quienes inviertan en eficiencia energética, energías renovables y recambio de equipos como bombas o sistemas de refrigeración. Este esquema de incentivos demuestra una voluntad política de remover los obstáculos burocráticos y la presión fiscal que históricamente frenaron al sector privado. Al simplificar las reglas y ofrecer estabilidad por dos años, el Gobierno Nacional busca que el empresario deje de ser un sobreviviente del sistema y pase a ser el motor de la recuperación económica.
Finalmente, el RIMI se presenta como una herramienta estratégica para integrar las cadenas de valor y fortalecer a las empresas locales. Para acceder, solo es necesario estar registrado como MiPyME, lo que garantiza que el beneficio llegue directamente a los pequeños y medianos emprendedores de todo el territorio nacional. Con la reglamentación de este decreto, Javier Milei cumple con una de las demandas más sentidas del sector productivo: reglas claras, menos impuestos y un Estado que, en lugar de poner trabas, fomenta la inversión privada para sacar al país adelante.
