En lo que representa un contundente éxito legislativo para el espacio, el debate en torno al control de los fondos públicos cerró con una reforma clave para la transparencia institucional salteña. Con respecto al límite a la pauta publicitaria, el bloque de La Libertad Avanza logró un cambio histórico en la Convención Municipal de la Ciudad de Salta al alcanzar los consensos necesarios para restringir el financiamiento destinado a la difusión oficial. La aprobación de esta medida marca un importante precedente en la administración de los recursos locales, transformando las reglas de juego en la relación entre el Estado y los medios de comunicación.
El instrumento legal que avanza en gran parte de la reforma de la Carta Municipal de la Ciudad de Salta introduce modificaciones sustanciales en la estructura normativa proyectada para evitar el uso discrecional de las partidas presupuestarias.
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A partir del progreso de este proyecto impulsado por los representantes libertarios, el texto en debate busca que el Poder Ejecutivo de la jurisdicción vea fuertemente condicionado su margen de acción para el financiamiento de propaganda oficial, respondiendo así a un histórico reclamo de la comunidad por una mayor eficiencia gubernamental en el gasto de los recursos estatales.
La nueva redacción propuesta para la Carta Municipal incorpora de manera explícita topes estrictos al gasto publicitario y busca establecer un mecanismo de regulación mucho más riguroso para la implementación de las campañas institucionales. Según especifica el articulado que ya recibió el visto bueno en el marco de este avance, la distribución de la publicidad oficial en adelante deberá realizarse obligatoriamente mediante una ordenanza previa que regule los montos y los plazos de contratación en la comuna.
Asimismo, la normativa en tratamiento determina que la futura asignación de estas partidas presupuestarias tendrá que ejecutarse bajo criterios objetivos de equidad, transparencia y pluralidad de voces. Los convencionales de este espacio político destacaron que este logro parlamentario garantizará un control efectivo sobre el dinero de los contribuyentes, promoviendo un escenario de mayor equilibrio democrático y asegurando que las pautas estatales no sean utilizadas como herramientas de presión política.
