Un descomunal escándalo sacude los tribunales federales de Comodoro Py tras el avance de tres investigaciones penales simultáneas que exponen el saqueo de las reservas públicas. En el marco de una megacausa por corrupción K con importaciones (escándalo SIRA), los investigadores detectaron millonarias maniobras con dólar oficial durante el cepo cambiario que, según estimaciones de la Justicia, alcanzaron la astronómica cifra de casi US$3.000 millones. Las pesquisas, impulsadas por los fiscales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Eduardo Taiano, revelan un aceitado circuito ilegal donde las divisas obtenidas a precio subsidiado eran revendidas en el mercado paralelo, generando ganancias espurias que superaron ampliamente los montos originales de las operaciones.
La primera línea de investigación penal, bajo la conducción del juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi, pone la lupa sobre el polémico Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), mediante el cual se habrían drenado entre US$ 1.300 y US$ 1.400 millones de las arcas estatales. En este expediente se espera un informe clave del Gobierno de Milei que identificará a los funcionarios de la Secretaría de Comercio que autorizaban cada trámite, además del peritaje de los chats de cinco directivos del Banco Central. Entre los principales imputados aparecen los conocidos financistas Elías Piccirillo y Martín Migueles, ex parejas de Jesica Cirio y Wanda Nara, respectivamente; de hecho, Migueles, cuyo teléfono ya fue abierto, se defendió argumentando que actuaba únicamente como un intermediario y negó el pago de coimas.
El segundo expediente judicial, bautizado en Tribunales como “la escalerita” y radicado en el juzgado de María Servini con el fiscal Stornelli, desentraña un fraude de US$ 600 millones cometido a través de compras hormiga por vía electrónica y en efectivo que involucró a 2.765 personas y 647 empresas. Por su parte, la tercera investigación, liderada por la jueza María Eugenia Capuchetti y Taiano, analiza la extracción ilegal de otros US$ 751 millones entre junio y septiembre de 2021 mediante agencias que cancelaban supuestas obligaciones externas utilizando escrituras públicas falsificadas. Ante la gravedad de los hallazgos y la evidente maniobra para diluir la trazabilidad del dinero a través de múltiples agencias de cambio, la jueza Servini ya dictó severos embargos preventivos sobre los bienes de Piccirillo, Migueles y el imputado Maximiliano Vallejos.
Este complejo entramado delictivo deja al descubierto una vasta red de complicidades corporativas y estatales que requirió la participación necesaria de financistas, entidades bancarias, corredores de cambio y exfuncionarios públicos de la anterior administración. La Justicia Federal busca determinar la responsabilidad penal de los cuadros jerárquicos del Banco Central y de la Secretaría de Comercio que facilitaron deliberadamente el acceso preferencial a la divisa norteamericana en pleno período de restricciones. Las tres causas unifican un rompecabezas de corrupción institucionalizada donde el diferencial cambiario del cepo fue utilizado como una herramienta de enriquecimiento ilícito a expensas del patrimonio nacional.
Fuente: El Tribuno
