Con una contratación que supera los $4.200 millones mensuales, cuidar el bolsillo del vecino exige conocer cuánto se paga, controlar qué se recibe y abrir la competencia para conseguir la mejor oferta. A un día del vencimiento del contrato, las concejales de La Libertad Avanza Agustina Álvarez, Laura Jorge Saravia, Érica Castro y Florencia León presentaron un pedido de informes y un proyecto que solicita una nueva licitación pública, la evaluación de la continuidad del Servicio de Higiene Urbana con la empresa Agrotécnica Fueguina y la convocatoria al secretario Legal y Técnico.
El contrato con Agrotécnica Fueguina vence este martes 6 de octubre y constituye una de las contrataciones de mayor incidencia económica para la Municipalidad de Salta. El costo mensual informado supera los $4.200 millones. Mantener ese valor durante doce meses supone aproximadamente $50.000 millones, equivalentes a alrededor del 17,5% del presupuesto municipal inicialmente aprobado para 2026. El importe comprende el conjunto de las prestaciones de higiene urbana, además de la recolección domiciliaria.
El primer proyecto solicita documentación sobre la situación contractual, los pagos realizados, las actualizaciones de precios, las multas y sanciones, los reclamos vecinales y los controles de cumplimiento. También requiere conocer si existe una prórroga en trámite o ya acordada, sus condiciones y los estudios que respaldan su conveniencia. Incluye una solicitud de antecedentes y asesoramiento al Tribunal de Cuentas.
El segundo proyecto solicita una nueva licitación pública, con publicidad amplia, requisitos proporcionados y criterios objetivos que permitan obtener la mejor relación entre precio, calidad y resultados. Además, propone evaluar alternativas de contratación por zonas o prestaciones cuando permitan ampliar la competencia y mejorar el servicio.
La iniciativa convoca al secretario Legal y Técnico al Concejo Deliberante para el jueves 15 de octubre, a las 11:00 horas, para explicar la situación jurídica del contrato, los fundamentos de una eventual prórroga y las medidas previstas para garantizar la continuidad del servicio y avanzar con una nueva licitación.
El planteo de las concejales es claro: cualquier extensión debe demostrar ventajas concretas para los vecinos. La permanencia de una empresa y la existencia de una opción contractual de prórroga no bastan, por sí solas, para acreditar que continuar sea la decisión más conveniente.
Las iniciativas buscan que una contratación de semejante magnitud se sostenga en información pública, controles efectivos y competencia, con el objetivo de proteger los recursos de los contribuyentes y mejorar las prestaciones que reciben los salteños.
