Diputados le dio media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal II en una sesión marcada por intensos debates económicos, logrando destrabar el proyecto que ahora pasa al Senado para su tratamiento definitivo. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca establecer un nuevo régimen de regularización impositiva y protección legal para contribuyentes, simplificando trámites ante los organismos de recaudación y redefiniendo las pautas de fiscalización en todo el territorio nacional.
El texto aprobado en el recinto introduce modificaciones sustanciales al Código Penal Tributario, elevando los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos de evasión simple y agravada. Asimismo, la norma otorga herramientas de alivio para pequeñas y medianas empresas, además de trabajadores autónomos, fijando criterios de presunción de inocencia administrativa que impiden la traba automática de embargos o medidas cautelares sin una resolución judicial previa firme.
Durante el tratamiento de la norma, los bloques oficialistas y aliados defendieron la medida como un paso indispensable para desmantelar la burocracia estatal y garantizar previsibilidad jurídica a la inversión privada. En contraste, sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa al considerar que los nuevos umbrales punitivos podrían debilitar la capacidad de control del Estado frente a maniobras de evasión de gran escala, restringiendo los instrumentos de recaudación pública.
Tras la aprobación en la Cámara baja, el tratamiento del proyecto se trasladará a las comisiones del Senado de la Nación, donde el oficialismo deberá articular consensos con las bancadas provinciales para alcanzar la sanción definitiva. De convertirse en ley, la reforma modificará el esquema de fiscalización tributaria vigente y reconfigurará la relación entre los contribuyentes y la administración fiscal.
