La Justicia Federal formalizó la investigación penal en la causa de las pensiones truchas en Salta, la cual cuenta con un total de 15 imputados, entre ellos el diputado provincial por el departamento Anta, Gerardo Francisco Orellana. Según la información publicada por el diario, la acusación fiscal abarcaría a legisladores, profesionales de la salud, exempleados de ANSES y personal municipal, quienes estarían involucrados en un esquema ilegal para tramitar beneficios no contributivos.
De acuerdo con las actuaciones tramitadas en los tribunales salteños y según consignó El Tribuno, la presunta organización delictiva habría operado mediante la confección de certificados médicos, estudios clínicos e historias clínicas fraguadas para acreditar falsas incapacidades. El expediente judicial sostiene que estas maniobras tendrían como objetivo gestionar pensiones por discapacidad a personas que no reunían los requisitos legales, cobrándose montos de entre 20 mil y 1 millón de pesos por cada trámite, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en $3.280 millones mensuales al Estado.
En el entramado investigado, la Fiscalía indicaría que el legislador provincial habría sido el rol de nexo político para la captación de beneficiarios, como también estaría vinculado a la firma de documentación irregular. Asimismo, la nómina de imputados incluiría a exdirectores de centros de salud, como el médico Roberto Bernardino Morales del hospital de El Quebrachal, a extitulares de dependencias de la administración pública y a agentes municipales encargados de la carga informática de los expedientes.
Tras las audiencias de imputación por los delitos de fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita, el juez interviniente dio por formalizada la investigación por el plazo de un año. Mientras la investigación avanza con el análisis de miles de beneficios otorgados en el interior provincial, los peritos continúan recolectando pruebas y examinando soportes digitales secuestrados durante los procedimientos policiales.
Fuente: El Tribuno
