La falta de control de la gestión de Axel Kicillof transformó el uso de celulares en cárceles de la provincia en una zona liberada para el crimen. Actualmente, las autoridades detectan 60 mil líneas activas en penales de Buenos Aires, una alarmante realidad que nació como una medida excepcional por la pandemia y que hoy se consolidó por la inacción del gobierno bonaerense, permitiendo que las celdas funcionen como centros de operaciones delictivas.
Fiscales y jueces del fuero penal advierten con alarma que las unidades penitenciarias operan como bases logísticas desde donde se extorsiona, se estafa y hasta se ordenan delitos graves de forma diaria. El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, confirmó la gravedad de la situación al señalar que en los operativos se incautan de forma constante teléfonos de procedencia tanto legal como ilegal, evidenciando el fracaso del Servicio Penitenciario Bonaerense para frenar el contrabando de tecnología.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, los detenidos explotan principalmente dos esquemas criminales: por un lado, maniobras de sesgo estafatorio mediante las cuales se hacen pasar por representantes de empresas, y por el otro, la coordinación de ataques en el exterior. La impunidad con la que operan estas redes expone la alarmante desidia de las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, incapaces de revertir un sistema que alimenta la inseguridad en las calles.
Esta realidad coloca a la administración bonaerense a contramano del resto del planeta, siendo un caso único de permisividad institucional. Miguel Perrota, ex titular del Servicio Penitenciario Federal, advirtió sobre el peligro de esta política al asegurar que el listado de lugares en el mundo donde está avalada esta práctica es sumamente corto, remarcando que es una anomalía que ocurre casi con exclusividad en la provincia de Buenos Aires.
