El Círculo Médico de Salta se declaró en estado de alerta institucional tras denunciar un accionar “arbitrario” por parte del IPS en las auditorías de las prestaciones médicas de febrero. Esta nueva crisis entre el Círculo Médico y el IPS se originó tras la aplicación de descuentos “excesivos e inusuales” que afectaron las liquidaciones de los profesionales, quienes aseguran que el estado de alerta es la respuesta necesaria ante la falta de consenso en los criterios de control. En la provincia de Salta, los médicos denuncian que el IPS está desconociendo deudas legítimas, lo que pone en riesgo la cadena de pagos y la estabilidad del sistema sanitario privado que atiende a la mayor parte de la población.
La presidenta de la entidad, Adriana Falco, denunció que la obra social implementó recortes unilaterales sin previo aviso, un hecho que genera profunda desconfianza dado que el IPS fue intervenido por el Gobierno de Gustavo Sáenz debido a graves y presuntos desmanejos financieros. Aquella intervención oficial se fundamentó en la necesidad de transparentar las cuentas ante sospechas de irregularidades en el manejo de fondos públicos, pero para el sector médico, los problemas de gestión persisten. Los profesionales señalan que, a pesar de las promesas de saneamiento de la administración provincial, hoy se enfrentan nuevamente a una institución que intenta equilibrar sus cuentas aplicando débitos injustificados sobre el trabajo médico ya realizado.
La gravedad de la denuncia radica en que el instituto aplicó descuentos sobre prácticas que ya contaban con la autorización previa de los propios auditores de la obra social. Según explicó Falco, resulta inadmisible que el IPS autorice una prestación y, meses después, decida no pagarla bajo nuevos parámetros que no fueron acordados con el Círculo Médico. Esta situación reaviva las críticas hacia la gestión de Gustavo Sáenz, ya que la intervención del organismo no parece haber erradicado los vicios administrativos.
El estado de alerta se mantendrá firme mientras se aguarda una respuesta oficial que dé marcha atrás con los descuentos aplicados de forma inconsulta. La incertidumbre crece en Salta, donde la sombra de la intervención y las dudas sobre el destino de los recursos públicos seguirían empañando la relación entre el Estado y los prestadores de salud que brindan servicio a los afiliados de la obra social provincial.
