Tras el duro revés sufrido en las urnas durante el 2025 —donde el oficialismo de Gustavo Sáenz retrocedió en las elecciones de mayo y fue derrotado en los comicios de octubre—, el gobierno provincial ha comenzado a desplegar una estrategia desesperada para las ejecutivas de 2027. El saencismo impulsa el regreso de la Ley de Lemas en Salta, un sistema que funciona como una verdadera estafa electoral y que cuenta con antecedentes nefastos en la historia democrática argentina. La iniciativa ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia.
La Ley de Lemas permite que un frente (lema) se fragmente en múltiples listas (sublemas) con candidatos y propuestas diferentes. El peligro radica en que el voto del ciudadano no va necesariamente al candidato elegido, sino que se suma al acumulado del frente. Esto permite que un candidato gane una elección sin ser el más votado por la gente, simplemente por la sumatoria de sus aliados internos. Es, en esencia, un mecanismo de populismo electoral que distorsiona la voluntad popular y convierte el acto de votar en una entrega de cheques en blanco a una estructura política.
Los antecedentes de este sistema son alarmantes. En Tucumán, la Ley de Lemas fue la herramienta que benefició a figuras como Antonio Domingo Bussi, quien encarnó la dictadura militar en esa provincia. En las elecciones de 2003, el sistema alcanzó niveles absurdos: se registraron entre 1.800 y 2.200 sublemas, con más de 20.000 candidatos. La oferta electoral se convirtió en un mapa ininteligible de boletas que confundían al electorado, permitiendo que una sola fuerza, como la de Bussi, inscribiera 140 listas para capturar votos de forma fragmentada pero acumulativa.
Formosa y la perpetuidad en el poder
El caso más emblemático de cómo este sistema se utiliza como una de las estrategias dictatoriales para perpetuarse es Formosa. Allí, la Ley de Lemas convivió durante años con la gestión de Gildo Insfrán, quien ostenta el poder desde 1995. El sistema de doble voto simultáneo le permitió consolidar una estructura de poder donde la competencia interna es ficticia, ya que todos los sublemas terminan tributando al jefe político. En las recientes elecciones de 2025, el oficialismo formoseño concentró 56 de los 78 sublemas presentados, demostrando que el sistema solo sirve para que el aparato estatal se devore cualquier intento de alternancia democrática.
Otras provincias también han sufrido las consecuencias de esta estafa institucional
Santa Cruz (2015): Cerca de 500 sublemas generaron un colapso administrativo y judicial, donde cientos de listas fueron rechazadas por falta de avales, saturando el sistema electoral y diluyendo la transparencia.
Misiones (2023): En el plano municipal, se registraron más de 3.000 candidaturas para concejales en solo 78 municipios, atomizando la oferta y confundiendo al vecino, que termina votando dentro de una “bolsa de gatos” donde su elegido rara vez llega al cargo.
El intento de Gustavo Sáenz por implementar este modelo en Salta no es una reforma técnica, sino una maniobra política para garantizar su perpetuidad en el poder tras haber perdido el apoyo de los salteños en las urnas. Al recurrir a sistemas que han servido para blindar a regímenes autoritarios y populistas en otras provincias, el oficialismo salteño confirma que su prioridad no es la representación ciudadana, sino la supervivencia del aparato político a cualquier costo. La Ley de Lemas es, en definitiva, el último refugio de quienes temen al voto directo y transparente de la sociedad.
Fuente: Gente de Salta
