La administración del gobernador Gustavo Sáenz ha decidido asestar un nuevo golpe a la economía de los trabajadores salteños con la eliminación del sistema de trasbordo gratuito en el área metropolitana. A través de un acuerdo unánime en el directorio de SAETA, el Ejecutivo provincial determinó que este beneficio esencial deje de existir, obligando a miles de usuarios que dependen de la combinación de líneas a pagar un costo extra para llegar a sus destinos.
Bajo este nuevo esquema avalado por la gestión de Sáenz, el segundo viaje —que hasta ahora era sin costo si se realizaba dentro de la hora del primer tramo— pasará a cobrarse un 50% de la tarifa. Esta medida precariza el servicio público y desmantela una herramienta de movilidad que garantizaba la equidad para quienes viven en los sectores más alejados y deben utilizar obligatoriamente dos colectivos para cumplir con sus jornadas laborales.
La responsabilidad institucional de este recorte recae directamente sobre el Gobierno de la Provincia, que optó por ajustar el sistema de transporte sobre el bolsillo del ciudadano. Al convertir un derecho de conectividad en una nueva carga financiera, el gobernador Sáenz demuestra una alarmante falta de sensibilidad, priorizando la recaudación de la empresa por encima del bienestar de la población que más depende del transporte urbano.
