Una nueva y estratégica iniciativa legislativa ingresó formalmente para su tratamiento parlamentario con el objetivo de captar capitales destinados a sectores de vanguardia tecnológica. El Gobierno de la Nación envió al Congreso de la Nación el proyecto de Súper RIGI, un esquema normativo especialmente diseñado para ofrecer mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones original. Según los lineamientos de la propuesta, la herramienta jurídica está dirigida de manera exclusiva a apuntalar las denominadas “industrias del futuro”, estableciendo como requisito indispensable que las iniciativas comerciales y productivas que decidan postularse superen un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones de dólares para poder acceder a las franquicias gubernamentales.
El programa federal, llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, busca principalmente promover el desarrollo económico integral, incrementar las exportaciones y favorecer la creación de empleo calificado. Se plantea en los fundamentos de la ley la necesidad de fomentar de manera paralela el desarrollo de las cadenas de producción locales para evitar que los grandes proyectos funcionen como enclaves aislados. Mediante este marco de incentivos aduaneros, fiscales y cambiarios, la administración central pretende posicionar al país como un destino altamente competitivo para la radicación de corporaciones globales en un escenario internacional complejo.
El documento oficial distribuido en el parlamento aclara de forma taxativa los alcances de la normativa y especifica qué tipo de emprendimientos podrán encuadrarse dentro de los beneficios extraordinarios. En su articulado, el texto aclara que se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica. La condición fundamental que impone el Estado nacional es que dichas propuestas demuestren un impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo actual resulte meramente experimental o piloto.
El debate de este nuevo marco normativo en las comisiones del Congreso de la Nación abrirá intensos debates políticos entre el oficialismo y los bloques de la oposición para analizar las implicancias a largo plazo. Los representantes parlamentarios deberán evaluar el impacto de las exenciones impositivas en la recaudación fiscal y cómo se articulará la transferencia tecnológica hacia las pequeñas y medianas empresas de las provincias. Con el ingreso de este proyecto, el Poder Ejecutivo busca acelerar la consolidación de inversiones de gran envergadura en conectividad, inteligencia artificial y biotecnología, proyectando un cambio estructural para la matriz económica nacional hacia el cierre del año legislativo.
