En un nuevo y sorpresivo giro judicial que sacude el escenario político nacional, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar de manera drástica sobre los bienes de la exmandataria para cubrir el millonario perjuicio económico impuesto por la Justicia. Con respecto a la Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani y su par Sergio Mola piden decomisar la casa en la que Cristina cumple prisión domiciliaria actualmente, ubicada en el barrio porteño de Constitución. Esta presentación formal ante el Tribunal Oral Federal N° 2 busca ejecutar los activos vinculados a la condena, abriendo un complejo debate sobre el destino inmediato de la dirigente.
El inmueble en cuestión, un departamento situado sobre la calle San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires, no figuraba en el listado original de los embargos trabados al inicio de la investigación. De acuerdo con el dictamen de los fiscales federales, este requerimiento formaría parte de una segunda etapa de recuperación de activos debido al vencimiento de los plazos legales para que los condenados depositen los montos correspondientes a la pena. Además de esta emblemática residencia, la fiscalía también solicitó formalmente el decomiso definitivo de otras 12 propiedades de la expresidenta de la Nación.
Dentro de este nuevo pedido encabezado por Luciani, la justicia federal incluyó de manera expresa el contenido de dos cajas de seguridad que se encuentran a nombre de la hija de la exmandataria, Florencia Kirchner. Los investigadores buscan asegurar el decomiso de los más de 4,6 millones de dólares que permanecen inmovilizados en esas cuentas bancarias, sumando además los fondos de otros plazos fijos bajo sospecha. Forzar estas medidas resulta indispensable para el Ministerio Público ante la falta de pago voluntario de la millonaria indemnización determinada por el tribunal.
Si finalmente el Tribunal Oral Federal N° 2 hace lugar al reclamo y decomisa el departamento ubicado en la zona sur de la Capital Federal, la expresidenta se verá obligada a seleccionar otra de sus propiedades declaradas para continuar cumpliendo con la detención. En caso de concretarse este traslado habitacional, la referente política perdería la posibilidad de interactuar de forma directa con los militantes de su espacio que suelen concentrarse frente al balcón de su domicilio actual. La decisión final quedó ahora en manos de los magistrados en medio de una enorme expectativa institucional.
