El diputado provincial de La Libertad Avanza por el departamento San Martín, Nicolás Arce, lanzó una fuerte denuncia pública en sus redes sociales respecto al destino de los fondos derivados de la concesión del área petrolera tras la compra del porcentaje de Pluspetrol por parte de Tecpetrol. El legislador cuestionó que el bono de 3 millones de dólares, correspondiente a la extensión de la concesión por diez años, haya quedado en las arcas provinciales en lugar de ser destinado al departamento productor. Este reclamo pone nuevamente en el centro de la escena la distribución de los recursos hidrocarburíferos y la gestión del gobernador Gustavo Sáenz en relación al federalismo fiscal dentro del territorio salteño.
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El diputado detalló que, más allá de la ubicación de los fondos, la estrategia ideal hubiera sido que estos tres millones de dólares se integraran a un plan de inversión mayor para la región. Según su perspectiva, esta medida habría permitido generar una mayor cantidad de puestos de trabajo y dinamizar la economía local, contrarrestando la crisis laboral que atraviesa el norte de la provincia.
El referente libertario criticó duramente al gobierno provincial, acusándolo de centralizar los recursos que pertenecen al interior y perjudicar el desarrollo de las comunidades productoras. “Nos meten la mano al bolsillo y nadie dice nada”, expresó con firmeza, apuntando contra el manejo discrecional de los bonos y regalías. Arce exigió que los intendentes del departamento San Martín asuman un rol activo y se unan para reclamar que los fondos regresen a la región, advirtiendo sobre la necesidad de defender los intereses de los trabajadores y los vecinos del lugar ante las nuevas negociaciones hidrocarburíferas.
El planteo de Arce abre un debate crucial sobre la coparticipación y el destino de los bonos extraordinarios en concesiones de explotación de hidrocarburos. Mientras Tecpetrol asume la operación del área por la próxima década, la presión política sobre los mandatarios locales comienza a escalar para que defiendan los recursos de sus jurisdicciones. La exigencia del legislador apunta a establecer un precedente donde las áreas productoras reciban una compensación justa y directa por el impacto y la explotación de sus recursos naturales, evitando la fuga de capitales y que ese dinero vuelva a los municipios.
