La ciudad de Salta atraviesa un clima de hostilidad creciente contra quienes exponen los movimientos de la gestión local. En esta oportunidad, el centro de la escena lo ocupa el convencional de La Libertad Avanza, Gino Dimatteo, quien denunció públicamente al comunicador Samuel Baldiviezo por presunto hostigamiento e intentos de agresión física. El conflicto escaló cuando el propio cronista admitió formalmente su vinculación laboral con la Municipalidad de Salta, confirmando que presta servicios para la gestión del intendente, Emiliano Durand.
De acuerdo con la denuncia del legislador libertario, el accionar de este sector no se limitaría a la crítica periodística convencional, sino que habría derivado en una práctica de persecución sistemática contra referentes opositores. Esta situación plantearía la existencia de un presunto aparato de amedrentamiento mediático que, bajo el amparo oficial, tendría como objetivo primordial silenciar a las voces disidentes mediante el hostigamiento en el ámbito público.
La confirmación del vínculo de Baldiviezo con la Intendencia transforma un cruce entre particulares en una irregularidad institucional de fondo. El hecho de que un “periodista” que admitió trabajar para el Ejecutivo municipal sea señalado por atacar a legisladores opositores sugiere que la gestión de Durand podría estar utilizando fondos públicos para sostener a operadores dedicados al blindaje de la imagen oficial y al desgaste coordinado de la oposición.
De comprobarse estas prácticas de “persecución”, la gestión de Durand enfrentaría serios cuestionamientos por el uso de recursos del Estado para fines de hostigamiento político y manipulación de la opinión pública.
