La investigación sobre la red de explotación denominada red de trata de estudiantes continúa su curso en la Justicia de Salta, tras desarticularse una estructura criminal que operaba captando menores con falsas promesas. Mientras los sospechosos permanecen detenidos, el proceso se enfoca ahora en la toma de declaraciones y en garantizar una indemnización por el daño causado a la dignidad de las jóvenes afectadas.
El Defensor Público Oficial de Víctimas, Nicolás Escandar, confirmó que la recolección de testimonios ha sido una tarea ardua debido a la cantidad de damnificadas. “Hemos avanzado bastante y prácticamente tomamos la declaración de casi todas las víctimas, lo cual ha sido muy complejo por el uso de cámara Gesell”, explicó el letrado, destacando el esfuerzo técnico para documentar los abusos y filmaciones denunciados.
Más allá de las posibles condenas de prisión, la defensa técnica apunta a que el proceso culmine con una indemnización económica para las víctimas. “Vamos a intentar que estas personas paguen una reparación por lo que le hicieron a estas niñas”, afirmó Escandar. El cálculo de este resarcimiento representa un desafío, ya que busca contemplar el impacto a largo plazo que el trauma tendrá en el desarrollo futuro de cada una de las jóvenes involucradas.
