En un nuevo capítulo de la ejecución de sentencia por la mayor trama de corrupción en la obra pública, la defensa de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner presentó este viernes un recurso desesperado para frenar el remate de 19 propiedades situadas en Santa Cruz, que actualmente figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia.
El planteo judicial, realizado ante la Cámara Federal de Casación, califica la incautación como un “acto de persecución política“ y un ataque al derecho de propiedad. Sin embargo, la fiscalía se mantiene firme en su postura de recuperar los fondos sustraídos al Estado argentino.
El botín de la corrupción: 685 mil millones en juego
El fiscal ante Casación, Mario Villar, rechazó de plano las quejas de la defensa y exigió que se proceda con el remate inmediato de un total de 111 activos. El objetivo es cubrir el multimillonario decomiso actualizado que asciende a la astronómica cifra de: $684.990.350.139,86
Este monto, que equivale a unos 537 millones de dólares, representa el daño fehaciente causado al erario público por la administración fraudulenta en Santa Cruz. La fiscalía sostiene que los bienes de los hijos de la ex mandataria deben responder por esta suma, ya que fueron cedidos por Kirchner en 2016, en una maniobra que la justicia investiga como un intento de insolvencia para evitar embargos.
Los bienes en la mira del remate
La lista de activos que el Ministerio Público Fiscal busca liquidar para resarcir al Estado incluye:
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19 propiedades en Santa Cruz: Vinculadas directamente a Máximo y Florencia Kirchner.
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Inmuebles en Pinamar: Casas de lujo ubicadas en las calles Hélades, Troya, Poseidón y Goleta Hércules.
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Activos de Lázaro Báez: Más de un centenar de propiedades del empresario socio de la familia Kirchner.
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Hoteles y empresas: Se incluye el complejo hotelero Los Sauces y diversas firmas utilizadas para el lavado de activos.
El futuro de la causa
Tras la audiencia de este viernes, los jueces de la Sala IV —Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— deberán decidir si autorizan la tasación final y el inicio de las subastas públicas. Mientras la defensa amenaza con recurrir a organismos internacionales denunciando “derecho creativo”, los fiscales Luciani, Villar y Mola insisten en que el decomiso no es una pena nueva, sino la consecuencia legal necesaria de una condena firme para que el dinero de la corrupción vuelva a los ciudadanos.
