Luego de una sesión extensa, en la que se desarrolló un amplio debate sobre el proyecto de modernización laboral, finalmente la iniciativa fue aprobada en el Senado de la Nación. El Gobierno nacional con Javier Milei a la cabeza celebró la media sanción, al igual que los sectores aliados del oficialismo. La Oficina del Presidente emitió un comunicado al respecto a través de las redes sociales.
En el comienzo del comunicado oficial difundido por redes sociales tras la media sanción de la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno nacional destacó que se trata de “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en el país”. Según el texto oficial, la iniciativa representa “un punto de inflexión en la historia laboral argentina”, al enfrentar la llamada industria del juicio y la burocracia excesiva que, a juicio del Ejecutivo, habían frenado la competitividad del mercado de trabajo.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2026
El Gobierno argumenta que con esta norma se devolverá “previsibilidad, dinamismo y libertad al modelo de trabajo”, facilitando un entorno más atractivo para la inversión y la formalización laboral, en un contexto donde casi la mitad de la fuerza laboral aún se desempeña fuera del sistema formal.
El comunicado oficial celebró además el respaldo de los senadores que aprobaron la media sanción y resaltó que esa decisión “envió un mensaje claro de responsabilidad institucional”, al interpretar que la sociedad reclama cambios profundos en el mercado laboral. “Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, enfatiza el texto.
La Oficina del Presidente también expresó la confianza del Gobierno en que la Cámara de Diputados dará un tratamiento rápido a la iniciativa en su próxima fase de discusión. Esta perspectiva oficial coincide con los argumentos del Ejecutivo de que el marco normativo actual —vigente prácticamente sin reformas sustanciales desde la década de 1970— ya no responde a las transformaciones tecnológicas, económicas y productivas que demanda la economía argentina.
