Por 44 votos a favor, 27 votos en contra y 1 abstención, el Senado de la Nación aprobó la Ley Penal Juvenil. Entre tantos artículos importantes, la normativa baja la edad de imputabilidad en la Argentina a 14 años. El Gobierno nacional indicó en reiteradas oportunidades que esto era un proyecto fundamental para la gestión de Milei. Delito de adulto, pena de adulto fue la frase que utilizó el mismísimo Presidente para impulsar la normativa.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto conocido como Ley Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y con fuerte respaldo del presidente Javier Milei, quien priorizó su tratamiento como parte de una profundización de la agenda de reformas en seguridad y justicia. La norma, que baja la edad de imputabilidad en determinados delitos graves, se aprobó con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
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Si bien el proyecto fue promovido inicialmente durante la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el liderazgo político para avanzar con rapidez y firmeza correspondió al presidente Milei, que lo incluyó como prioridad dentro del paquete de reformas legislativas debatidas en el Congreso de manera extraordinaria. El resultado en el Senado marca un respaldo explícito a una política que busca endurecer la respuesta estatal frente a delitos cometidos por adolescentes en circunstancias graves.
Durante el debate, la exministra Bullrich celebró la sanción y defendió el contenido del proyecto como un logro de gestión. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, afirmó desde el recinto.
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Para el presidente Milei, la aprobación de esta ley supone no solo una respuesta a la preocupación de gran parte de la sociedad por la inseguridad, sino también una definición política clara en sintonía con su vocación de reformar el marco normativo argentino en materia penal y de seguridad pública.
