El Senado de la Provincia aprobó este jueves una serie de modificaciones sustanciales que alteraron 17 puntos clave de la nueva Carta Municipal de la Ciudad de Salta, desatando un fuerte repudio opositor contra el bloque oficialista. La intervención de la Cámara Alta sobre el texto sancionado por la Convención Municipal fue calificada por distintos sectores como un retroceso institucional, al considerar que la modificación inconsulta avasalla la autonomía comunal y vulnera la voluntad expresada por los vecinos en el proceso de reforma.
Entre los puntos más resistidos del paquete modificado por el saencismo se encuentra el rechazo a exigir el secundario completo como requisito obligatorio para aspirar a una banca en el Concejo Deliberante. Este freno legislativo expuso una evidente doble vara frente a la exigencia de idoneidad institucional: mientras que en el sector privado se supone la obligatoriedad del título secundario para contratar a cualquier trabajador, la mayoría oficialista decidió eximir de ese parámetro elemental a los futuros ediles capitalinos.
Las críticas no tardaron en multiplicarse ante el interrogante sobre por qué no exigir el nivel educativo básico a los representantes del pueblo, contradiciendo el ABC de la democracia moderna que demanda legisladores formados para fiscalizar las cuentas públicas. Asimismo, el bloque gobernante avanzó sobre otros aspectos neurálgicos de la normativa comunal, recortando las herramientas de control y las facultades de autarquía financiera que los convencionales habían plasmado para ordenar la gestión de la capital provincial.
La decisión del Senado consolida un controvertido antecedente de injerencia política sobre las decisiones soberanas de la comuna salteña. Con este golpe a la normativa local, la administración provincial reaviva el conflicto en torno a la división de poderes, dejando en evidencia la resistencia oficialista a convalidar mayores estándares de transparencia y profesionalización en la política.










