El Tribunal Oral Federal N° 2 inscribió formalmente en el Registro de la Propiedad Inmueble el embargo sobre el departamento ubicado en la calle San José 1111, lugar donde Cristina cumple la prisión domiciliaria. La medida cautelar fue dispuesta a instancias de un pedido presentado por el fiscal Diego Luciani y tiene como objetivo resguardar bienes de cara a un eventual decomiso en el marco de la ejecución de la sentencia por la causa Vialidad.
La resolución judicial busca garantizar la cobertura del perjuicio económico determinado en la causa, cuya suma se calculó en casi 685.000 millones de pesos a afrontar de forma solidaria. Con la traba del embargo, el inmueble queda sujeto a una restricción patrimonial directa que impide cualquier operación de transferencia, venta o gravamen, integrando el conjunto de activos bajo seguimiento judicial por presunto lavado de dinero vinculado a los contratos de obra pública.
A pesar de la inscripción dictada sobre la propiedad, la medida no altera el régimen de detención de la exmandataria ni modifica la titularidad de la finca en esta etapa procesal. De esta manera, las autoridades judiciales confirmaron que la expresidenta continuará cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en la misma residencia, ya que la cautelar solo garantiza la indisponibilidad jurídica del bien mientras avanza el trámite.
Este procedimiento se suma a la inhibición y congelamiento de cerca de 50 inmuebles y cuentas millonarias atribuidos al esquema patrimonial de la causa, entre los que se incluyen departamentos en Puerto Madero y propiedades en El Calafate y Río Gallegos. Con la traba de este nuevo embargo, la Justicia avanza en el aseguramiento de activos para dar cumplimiento a las consecuencias económicas derivadas de la condena firme.
