La Justicia Federal y las autoridades de Migraciones ejecutaron la deportación definitiva de la criminal conocida como la Reina del Sur, acusada de liderar una estructura transnacional dedicada al ingreso de estupefacientes a la Argentina desde Bolivia. La medida afectó de forma directa a Marisol Saavedra Chungara, quien permanecía detenida bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal hasta concretarse su salida obligatoria del territorio nacional por delitos vinculados al crimen organizado.
La investigación penal determinó que la acusada coordinaba la logística de recepción de cargamentos de droga que eran lanzados desde aeronaves en la zona rural de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
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Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad lograron interceptar la maniobra de “narcobombardeo”, mediante la cual la organización lograba ingresar hasta 300 kilos de cocaína por operativo para su posterior acopio y distribución en el país.
El juzgamiento de la cabecilla narco permitió desarticular la cúpula de la red delictiva, cuyos integrantes mantenían contactos directos con proveedores del exterior para burlar los controles de frontera. La labor judicial se concentró en desarmar el eslabón jerárquico de la banda, evitando que las actuaciones recayeran únicamente sobre los transportistas o colaboradores menores involucrados en el traslado de la sustancia.
Con el traslado hacia la frontera y su posterior entrega a las autoridades del país vecino, el Estado nacional dio por concluida la permanencia de la imputada en suelo argentino. La resolución sienta un precedente en la aplicación de las normativas de expulsión para ciudadanos extranjeros condenados por integrar redes del tráfico ilícito de drogas.
