Un desfalco estimado en $3.200 millones mensuales a las arcas públicas fue puesto al descubierto por la Justicia Federal, tras imputar formalmente a 15 personas acusadas de integrar un entramado dedicado a falsificar documentación médica en el departamento Anta. La investigación desarticuló una presunta organización ilegal que gestionaba pensiones no contributivas por discapacidad mediante certificados e historias clínicas apócrifas, involucrando de manera directa al diputado provincial por el saencismo, Gerardo Francisco Orellana, junto a profesionales de la salud y exfuncionarios.
La pesquisa abarca unas 9.000 pensiones bajo sospecha en el interior salteño, donde los beneficiarios habrían pagado montos que oscilaban entre los $20.000 y el millón de pesos a gestores para acceder a los cobros irregulares. Según las actuaciones judiciales, la maniobra expuso una red logística que operaba en hospitales públicos para confeccionar diagnósticos truchos que luego se presentaban ante los organismos previsionales.
El fiscal general federal, Carlos Martín Amad, justificó la estrategia procesal enfocada en desmantelar la cúpula de la organización en lugar de perseguir a los cobradores particulares. “Prefiero ir contra la fábrica de certificados y no contra las personas que adquirían los certificados. No me interesa investigar al perejil”, aseveró el funcionario judicial, remarcando que el objetivo principal es sancionar a quienes producían la documentación apócrifa e instrumentalizaron el sistema.
El avance del expediente en los tribunales federales incrementa la tensión política sobre el bloque oficialista en la Cámara de Diputados de Salta. La confirmación del volumen económico del fraude y la gravedad de las imputaciones refuerzan las críticas de los sectores opositores hacia la bancada gubernamental, que optó por mantener el respaldo institucional al legislador involucrado mientras la causa penal continúa sumando pruebas y testimonios en la provincia.
