Pese a ser investigados por la Justicia, los diputados provinciales Gerardo Orellana y Héctor Vargas fueron blindados por el saencismo este martes 25 de agosto en la Cámara de Diputados de Salta, luego de que la bancada oficialista rechazara el pedido de suspensión impulsado en el recinto. La solicitud, presentada sobre tablas por el bloque de La Libertad Avanza, buscaba apartar preventivamente a ambos legisladores mientras avanza la tramitación de expedientes por presuntas graves maniobras de corrupción e irregularidades en la función pública, obteniendo la negativa tajante de la mayoría saencista para frenar cualquier medida disciplinaria.
El escenario legislativo mantiene en el centro de la controversia al representante del departamento Anta, Gerardo Francisco Orellana, imputado por la Justicia Federal en la causa de las pensiones no contributivas por presunta falsificación de documentación médica. A su situación se suma la del diputado por San Carlos, Héctor Raúl Vargas, quien es investigado en el fuero provincial por irregularidades cometidas durante su gestión municipal, abarcando presuntas faltas administrativas y malversación de fondos públicos que aún transitan la etapa de recolección probatoria.
Durante el debate en la sesión ordinaria, el bloque libertario fundamentó la necesidad de suspender a los legisladores para resguardar el prestigio de la institución y evitar interferencias en las investigaciones en curso. Sin embargo, la bancada conducida por el oficialismo provincial hizo valer de forma directa su mayoría numérica en el recinto para bloquear la iniciativa, frenando la medida únicamente por responder ambos legisladores al espacio político del gobernador Gustavo Sáenz y sin esgrimir mayores fundamentos argumentales.
El rechazo sin matices al pedido de suspensión consolida el cerco de protección política sobre ambos diputados y reabre una fuerte polémica entre la bancada saencista y los sectores opositores en la provincia. Mientras el fuero Federal y el provincial avanzan con sus respectivos trámites judiciales, la Cámara de Diputados resolvió congelar la discusión ética y mantener en sus bancas a Orellana y Vargas, supeditando el escenario institucional a la evolución de los expedientes en los tribunales.
