Un nuevo escándalo en Salta sacude a la Cámara de Diputados provincial tras confirmarse que dos diputados saencistas son investigados por la Justicia en el transcurso de solo una semana. Los avances simultáneos del fuero provincial y de la Justicia Federal salteña salpican de lleno a los representantes del bloque Todos por Salta mediante imputaciones y procesamientos que abarcan desde presunto peculado y desvío de fondos públicos hasta tramas clientelares vinculadas con beneficios de invalidez.
Una de las causas de mayor repercusión institucional involucra al legislador provincial por el departamento Anta, Gerardo Francisco Orellana, quien fue formalmente imputado en el marco del expediente que investiga el otorgamiento irregular de pensiones no contributivas por discapacidad. La acusación de la Fiscalía Federal sostiene que el parlamentario habría actuado como nexo para canalizar solicitudes con documentación médica falsificada, generando un perjuicio económico millonario al Estado nacional a través de gestiones cobradas a los particulares.
En paralelo, las investigaciones en el fuero ordinario provincial apuntan a maniobras financieras y patrimoniales que comprometen a la representación parlamentaria alineada al Ejecutivo provincial. El expediente contempla la presunta compraventa opaca de terrenos destinados originalmente a loteos sociales, el desvío de partidas presupuestarias provenientes de programas nacionales y extracciones bancarias no justificadas de cuentas municipales que superan los $64 millones de pesos.
La simultaneidad de ambos frentes judiciales reconfigura el escenario político en la provincia y expone un severo desgaste en la bancada oficialista que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Mientras los peritos y fiscales avanzan en la recolección de pruebas digitales y testimoniales, el debate en la Legislatura salteña se intensifica ante los reclamos de la oposición por la transparencia y el rol de los representantes públicos.
Fuente: El Intra
