La concejal de La Libertad Avanza, Erica Castro, presentó dos proyectos para transparentar el funcionamiento del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta y establecer multas para los funcionarios que no rindan cuentas ante los pedidos de informes realizados por los ediles. Las iniciativas buscan agilizar el tratamiento de expedientes, fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar respuestas obligatorias por parte del Ejecutivo Municipal.
Las propuestas fueron ingresadas esta semana al cuerpo deliberativo y forman parte de una agenda legislativa orientada a reforzar la transparencia, reducir trabas burocráticas y otorgar mayores herramientas de fiscalización a los concejales.
Uno de los proyectos plantea modificar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante mediante la incorporación del artículo 53 bis, con el objetivo de evitar que los pedidos de informes queden paralizados durante meses en las distintas comisiones.
La iniciativa establece que cuando una comisión no emita dictamen luego de dos reuniones consecutivas, el expediente quedará automáticamente habilitado para ser tratado en el recinto durante la sesión siguiente. De esta manera, se busca impedir que determinados proyectos sean demorados o archivados de manera indirecta por falta de tratamiento.
Además, la propuesta prohíbe expresamente las dilaciones injustificadas en la tramitación de expedientes y promueve una mayor participación ciudadana en las comisiones, garantizando que vecinos y organizaciones intermedias puedan ser escuchados cuando los temas debatidos los involucren directamente.
Desde el espacio libertario sostienen que la medida apunta a modernizar el funcionamiento legislativo y a garantizar que las iniciativas presentadas por los concejales lleguen efectivamente al debate público.
El segundo proyecto propone modificar la Ordenanza N° 10.371 para endurecer las sanciones contra los funcionarios municipales que incumplan con los pedidos de informes aprobados por el Concejo Deliberante.
La iniciativa fija un plazo de 15 días hábiles para responder de manera completa y documentada los requerimientos formulados por los concejales. Las prórrogas sólo podrán otorgarse de manera excepcional, por un máximo de diez días hábiles y con autorización expresa del cuerpo legislativo.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto establece multas económicas directas para los funcionarios que no rindan cuentas. La sanción inicial será de 1.000 Unidades Tributarias y se incrementará en 100 Unidades Tributarias por cada día de demora.
Según la propuesta, el dinero correspondiente a las multas deberá descontarse de los haberes del funcionario responsable y no podrá ser afrontado con recursos del Estado municipal. Los montos recaudados serán destinados a entidades de bien público.
El proyecto también incorpora la posibilidad de interpelaciones obligatorias. En caso de incumplimiento, el funcionario deberá presentarse ante el Concejo Deliberante en un plazo máximo de cinco días hábiles para brindar explicaciones públicas sobre la falta de respuesta.
Si el convocado no concurre sin una causa debidamente justificada, la multa económica prevista podrá triplicarse. Asimismo, se prevé la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal para determinar responsabilidades administrativas y garantizar el efectivo cumplimiento de las sanciones.
Con estas iniciativas, los concejales de La Libertad Avanza buscan fortalecer el rol de control del Concejo Deliberante sobre el Ejecutivo Municipal y avanzar en medidas que promuevan una mayor transparencia en la administración pública de la ciudad de Salta.
“Con estas medidas buscamos devolverle el respeto a las instituciones y terminar con prácticas que afectan la transparencia de la gestión pública. Los funcionarios deben rendir cuentas a los vecinos y responder por sus actos”, sostuvo Erica Castro al fundamentar los proyectos.
