Una multitudinaria movilización expuso el profundo malestar social ante la parálisis del sistema penal en la Ciudad Judicial, donde familiares de víctimas de distintos hechos ocurridos en Salta se reunieron para reclamar avances en investigaciones que, según denunciaron, permanecen estancadas, sin respuestas claras o atravesadas por presuntas irregularidades. La marcha, que se replicó con fuerza en las afueras de los tribunales de la capital provincial, puso de manifiesto el reclamo generalizado por causas sin resolver y fallas en investigaciones. Este grupo de salteños se manifestó en el Poder Judicial exigiendo un cambio de rumbo en las fiscalías intervinientes. La movilización volvió a reunir a personas que desde hace meses e incluso años sostienen pedidos de justicia por causas que continúan abiertas.
La protesta visibilizó casos que marcaron a la opinión pública salteña, entre ellos los de Vicente Cordeyro, Lautaro Ramasco, Javier Saavedra, Valentín Guzmán, María José Cabrera y Natalia Cruz. En el mismo sentido, la convocatoria contó con el acompañamiento de familiares de Emmanuel Aguirre y Raúl Torres, los operarios de Aguas del Norte que perdieron la vida de forma trágica mientras realizaban tareas de mantenimiento en Rivadavia Banda Sur. Las pancartas expuestas frente al edificio judicial apuntaron contra las demoras burocráticas y las falencias en la recolección de pruebas que impiden llegar al juicio oral, profundizando el dolor de las familias que no encuentran contención en los organismos encargados de velar por la seguridad ciudadana.
El reclamo incluyó denuncias por presunta mala praxis médica, como los casos de Fabiana Morales Andrada, Bautista Elías y Agustín Herrera, además de pedidos de justicia por hechos de extrema gravedad, como el ataque sufrido por Federico Villalba en Aguaray, el caso de Milagro Gutiérrez y la desaparición de Jésica Gutiérrez, de quien no se tienen rastros desde septiembre de 2024. Los manifestantes insistieron en que la falta de celeridad por parte de los magistrados actuantes y los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales termina consagrando la impunidad en la provincia. El estancamiento de los expedientes judiciales genera un manto de desconfianza sobre la efectividad de los procesos de instrucción vigentes.
La marcha también puso el foco en muertes laborales y tragedias evitables, entre ellas la de los brigadistas de Defensa Civil fallecidos durante los incendios forestales en Guachipas. Con pancartas, fotografías y carteles, los familiares volvieron a exigir celeridad, transparencia y respuestas concretas en causas que todavía esperan resolución. Las agrupaciones que nuclean a las víctimas adelantaron que mantendrán las guardias y las asambleas periódicas en los tribunales si el Ministerio Público Fiscal no dispone el apartamiento de los funcionarios cuestionados y acelera la elevación a juicio de los expedientes que llevan años estancados.
Fuente: El Tribuno
