ImagenLa crisis en el sistema de transporte público de la capital y el área metropolitana sumó un capítulo alarmante al confirmarse que en Salta, por deudas de SAETA, empresas advierten recortes en recorridos. Las subconcesionarias informaron que la falta de cumplimiento de los pagos por parte de la firma estatal alcanzó un punto de extrema complejidad, afectando de lleno la capacidad de gestión y poniendo en riesgo la continuidad de las líneas. Este escenario de parálisis expone de manera directa la mala gestión del transporte público de pasajeros, un área crítica que golpea diariamente a miles de vecinos que dependen de los colectivos para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio.
La parálisis financiera ocurre a pesar de los enormes recursos que el gobernador Gustavo Sáenz inyecta de forma permanente en la estructura. El Gobierno Provincial es el que mantiene el esquema de SAETA, un modelo centralizado que absorbe partidas presupuestarias monumentales mes a mes. En la nota formal enviada a la empresa estatal, los operadores enfatizaron que la falta de pago de certificados, principalmente el correspondiente al mes de abril, adeudado en más del 60%, limita la adquisición de combustible y el pago a proveedores. A pesar de que el sistema recibe millones de pesos en concepto de subsidios, el servicio es deficiente y las empresas vienen soportando reducciones de kilómetros desde octubre de 2025.
Las prestatarias detallaron que el ajuste de marzo de 2026 profundizó la caída acumulada, la cual ya asciende al 12%, impactando directamente en los ingresos proyectados para este año y en el mantenimiento del parque automotor. Ante la falta de respuestas oficiales, las firmas indicaron que se verán obligadas a iniciar un proceso de reducción gradual de los servicios a partir del lunes 1° de junio, comenzando con los horarios nocturnos y extendiéndose a los fines de semana. La acumulación de saldos impagos obligó a las prestatarias a plantear este esquema de contingencia, demostrando que la millonaria caja que administra el Ejecutivo provincial no se traduce en soluciones para las líneas metropolitanas.
El conflicto amenaza con paralizar de manera parcial el movimiento en el ejido urbano si las autoridades provinciales no destraban los fondos adeudados de forma inmediata. Los operadores del transporte automotor señalaron que resulta imposible cumplir con los compromisos bancarios asumidos para renovar la flota bajo las condiciones financieras actuales. De este modo, la falta de previsión en la política de transporte de la provincia vuelve a colocar a los ciudadanos como los principales rehenes de una administración ineficiente que no logra garantizar un servicio básico esencial, desnudando las falencias de un esquema de subsidios millonarios que se encuentra al borde del colapso.
Fuente: El Tribuno
