La conmoción y el dolor continúan golpeando con fuerza a la provincia tras la denuncia por la tragedia de Aguas del Norte, donde los operarios, Emanuel Aguirre y Raúl Torres, murieron mientras realizaban tareas de mantenimiento en un pozo cloacal en Rivadavia Banda Sur. A casi dos semanas del trágico desenlace, las familias de las víctimas apuntan directamente contra las precarias condiciones laborales en las que trabajaban los operarios y denuncian que la causa judicial avanza con llamativa lentitud. El reclamo se intensificó tras conocerse testimonios clave que complicarían la postura de la empresa estatal salteña respecto a las normas de seguridad e higiene vigentes.
El testimonio del trabajador sobreviviente, según relató la familia de las víctimas, habría confirmado las graves falencias estructurales en materia de seguridad laboral que desencadenaron la fatalidad. “Dijo que efectivamente no tenían los elementos necesarios para resguardar su vida”, aseguró el entorno de los fallecidos al describir las condiciones del operativo. La acusación detalla que los operarios no habrían contado con arneses de protección, máscaras de aislamiento ni equipos tecnológicos específicos para medir la presencia de gases tóxicos dentro del pozo cloacal, insumos que resultan indispensables para este tipo de maniobras de alto riesgo en la vía pública.
La reconstrucción del hecho expone la total vulnerabilidad a la que estaban expuestos los trabajadores al momento de ingresar a la fosa. “Ellos se fueron largando uno a uno en auxilio del otro, desconociendo totalmente lo que había ahí adentro, porque nunca tuvieron un curso de capacitación”, explicó, Miguel Aguirre, padre de Emanuel, al describir la desesperante secuencia que terminó con la vida de los dos operarios. La familia habla de una situación en la que habrían fallado los protocolos de emergencia y de formación técnica por parte de la firma estatal, lo que habría impedido que el personal pudiera dimensionar el peligro invisible al que se enfrentaba en el interior de la estructura subterránea.
Ante este panorama, los familiares manifestaron su profunda preocupación por la parálisis que evidencia la investigación en el ámbito penal. “Estamos casi como al principio. Se avanzó muy poco en la causa judicial”, afirmó, Miguel Aguirre, al cuestionar con dureza el accionar de la Fiscalía interviniente y reclamar que se determinen de forma urgente las responsabilidades penales y administrativas dentro de la empresa prestataria. La comunidad salteña sigue de cerca el caso, exigiendo que el proceso judicial no se detenga y que se garantice justicia para las familias de los trabajadores fallecidos.
Fuente: Gente de Salta
