Por primera vez en la historia institucional de la provincia, se aprobó por mayoría una histórica propuesta impulsada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Convención Municipal de la Ciudad de Salta, marcando un precedente inédito al incorporar el secundario completo como requisito mínimo e indispensable para todo aquel que pretenda aspirar a ser concejal. Este giro trascendental transforma por completo las reglas de acceso a las bancas legislativas locales, rompiendo con décadas de tradición en el derecho electoral norteño para consagrar un nuevo estándar de idoneidad en la función pública.
El presidente de la Convención, Gonzalo Guzmán Coraita, respaldó con firmeza la iniciativa al sostener públicamente que exigir esta formación académica básica a los futuros legisladores locales no representa bajo ningún punto de vista un capricho sectorial.
De acuerdo a los fundamentos expuestos durante la sesión legislativa, quien pretenda ocupar una banca en el Concejo Deliberante de la capital debe contar obligatoriamente con el aprendizaje del ABC del ciudadano, garantizando una comprensión cabal de las estructuras de la sociedad civil.
La fundamentación de la normativa aprobada por el cuerpo de convencionales detalla que los representantes del pueblo salteño deben comprender nociones elementales del sistema republicano, tales como el funcionamiento e historia del Estado, los alcances jurídicos que dicta la Constitución, la organización de un país y cuáles son las funciones específicas que posee cada uno de los poderes públicos. Para los impulsores del dictamen mayoritario, estos contenidos representan lo básico, lo mínimo y lo indispensable que requiere cualquier representante denla ciudadanía.
El debate parlamentario concluyó bajo la premisa de que representar de forma legítima a los salteños requiere de manera urgente la conformación de cuadros dirigenciales preparados, responsables y que se muestren verdaderamente a la altura de las demandas de la función pública actual. El bloque de La Libertad Avanza cerró su argumentación enfatizando que la obligatoriedad del título medio no configura una proscripción o capricho corporativo, sino que se constituye como un derecho fundamental de los salteños a ser gobernados por personas idóneas.
