En una sesión de fuerte impacto político para el municipio, el Concejo Deliberante de San Lorenzo confirmó finalmente la expulsión del concejal Aldo Dalmiro Gonza. La drástica medida legislativa se tomó tras la reciente condena judicial contra el ahora exedil, quien recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Gonza fue hallado culpable en una causa por hechos de corrupción vinculados al delito de peculado, cometidos durante la gestión de su hermano, el exintendente Ernesto “Kila” Gonza. San Lorenzo es un municipio que integra la Capital de Salta.
El concejal Juan Pablo Dávalos ratificó la decisión en diálogo con Radio Salta, detallando que la destitución fue votada de manera unánime por todo el cuerpo legislativo.
Los ediles sanlorenceños fundamentaron la remoción bajo la figura de «inhabilidad moral», argumentando que la permanencia de un funcionario condenado por corrupción resultaba insostenible para el decoro de la institución. La votación unánime reflejó un fuerte consenso político para marcar un límite tajante frente a los delitos contra la administración pública.
Uno de los puntos más escandalosos del proceso fue el sistema de vales informales con los que los exfuncionarios justificaban la extracción de dinero en efectivo directamente de la caja municipal. Al respecto, Dávalos reveló un detalle llamativo sobre la estrategia de defensa de Gonza en los alegatos: “Decía que, si bien se lo había acusado de retirar vales, algunos no fueron retirados por él. Quiere decir que sí retiró”, expuso el concejal, evidenciando que el propio imputado terminó admitiendo parte de su responsabilidad en la maniobra ilícita.
La destitución cierra un capítulo oscuro para la política local, en una operatoria espuria que también involucró al exsecretario de Hacienda del municipio, Rogelio Higinio Guaymás. Con la expulsión de Aldo Gonza, el cuerpo deliberativo de San Lorenzo busca enviar un mensaje de transparencia y depuración institucional hacia una sociedad que exige el fin de la impunidad. La condena por peculado y la posterior pérdida de la banca marcan un precedente clave en el control de los fondos públicos en el ámbito comunal.
