La Justicia avanza en una investigación que busca esclarecer una presunta estructura de corrupción en la gestión de importaciones durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Según el expediente judicial, se habrían gestionado coimas millonarias para destrabar autorizaciones mediante el sistema SIRA, en un contexto de cepo cambiario y restricciones para acceder al dólar oficial. El caso se habría originado a partir del peritaje al teléfono celular del empresario Martín Migueles, donde habrían surgido conversaciones sobre presuntos pagos de entre el 10% y el 15% para acelerar los trámites administrativos ante el Estado.
De acuerdo con las pruebas recolectadas, Migueles habría funcionado como un nexo entre el sector privado y contactos con supuesta capacidad de influencia en el proceso de aprobación. El mecanismo investigado sugiere que, ante la imposibilidad de las empresas para liberar importaciones por las trabas estatales, habrían aparecido intermediarios ofreciendo soluciones a cambio de comisiones en moneda extranjera. Esta operatoria habría transformado las restricciones del sistema SIRA en una herramienta para el presunto cobro de retornos, permitiendo que algunas operaciones se aprobaran en solo 10 días, cuando los plazos habituales superaban los seis meses.
En el marco de la causa, se habrían incorporado audios y mensajes de marzo de 2023 donde se ofrecía conseguir aprobaciones en una semana a cambio de “11 puntos” de comisión. En una de las conversaciones con un contacto identificado como “Adriel La Plata”, se habrían intercambiado documentos societarios y frases que aludían directamente al pago de “billete cara grande”, en referencia a dólares estadounidenses. Estos elementos habrían permitido a los investigadores reconstruir lo que sería una estructura de intermediación y reparto económico en torno a las autorizaciones que dependían exclusivamente de decisiones oficiales.
El fiscal Franco Picardi habría solicitado que la Secretaría de Comercio informe sobre los funcionarios que intervinieron en la aprobación de estas operaciones bajo sospecha. El dictamen fiscal sostendría que los intercambios analizados permiten observar una organización dedicada a la intermediación ilegal en el comercio exterior durante el kirchnerismo. Mientras la causa avanza, la Justicia buscaría determinar el alcance de las responsabilidades políticas y materiales detrás de este sistema que habría beneficiado a unos pocos a cambio de millonarias sumas de dinero desviadas del control estatal.
