La trágica muerte de dos operarios de la empresa Aguas del Norte, ocurrida el martes 5 de mayo de 2026 alrededor de las 19:45 en Rivadavia Banda Sur, ha generado una profunda conmoción en Salta y abierto serios interrogantes sobre las condiciones laborales en las que se ejecutan estas tareas de alto riesgo. Las víctimas, identificadas como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, padre de cuatro hijos, fallecieron tras descompensarse dentro de una fosa cloacal y se investiga las causas del fallecimiento de ambos. El incidente habría expuesto una posible negligencia en los protocolos de seguridad de la empresa, convirtiendo el hecho en un reclamo urgente de justicia y transparencia por parte de los familiares de los trabajadores.
El testimonio de Miguel Aguirre, padre de Emanuel, aportó una versión desgarradora que modifica el enfoque de la investigación judicial y pone bajo la lupa la responsabilidad de los supervisores en la empresa.
En diálogo con El Tribuno, el hombre sostuvo que su hijo no ingresó de manera voluntaria, sino que recibió una orden directa para hacerlo sin contar con la indumentaria adecuada para ese tipo de labores. “A mi hijo lo obligaron a entrar, le dieron la orden. Vamos a saber quién fue”, relató con profundo dolor antes de dirigirse a la morgue de San Ramón de la Nueva Orán, evidenciando que la falta de equipos de protección habría sido el factor determinante que desencadenó el trágico desenlace de ambos trabajadores.
Las declaraciones de los familiares subrayan las precarias condiciones en las que los trabajadores se habrían desempeñado habitualmente, denunciando la presunta ausencia de medidas de seguridad y elementos de protección personal. Según los relatos, los operarios debían descender a espacios confinados y peligrosos sin el equipamiento necesario para mitigar la inhalación de gases, una omisión que, según el padre de la víctima, habría evitado esta tragedia si se hubiesen aplicado los protocolos correspondientes. La revelación de estas condiciones expondría una grave desidia institucional por parte de la prestataria del servicio, la cual es objeto de duros cuestionamientos sociales y la gente de Rivadavia Banda Sur exige una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales y administrativas del caso.
Fuente: El Tribuno
