El Juzgado de Garantías del distrito Centro, a cargo del juez Pablo Zerdán, dictó la prisión preventiva para el conductor de 39 años, tras la solicitud del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto. La medida, dictada tras la audiencia flexible y multipropósito, procesa al acusado como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Esta decisión judicial representa un paso clave en la causa que investiga la trágica muerte del pequeño Tomás en la localidad de La Merced.
Más allá del avance en el ámbito judicial, el caso invita a reflexionar sobre la gestión de los bienes del Estado municipal. El hecho de que el vehículo involucrado estuviera asignado al Ejecutivo local durante el siniestro ha generado inquietud en la comunidad. Ante esta situación, diversos sectores consideran necesario que la gestión del intendente Javier Wayar brinde mayores explicaciones y revise los protocolos de control sobre el uso de los recursos públicos y el personal a su cargo.
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La gravedad de esta crisis ha colmado la paciencia de los vecinos de La Merced, quienes se han manifestado en las calles reclamando que el intendente dé un paso al costado. Frente a este reclamo popular y la evidente crisis institucional, resulta alarmante la inacción del gobierno provincial. La falta de intervención por parte del gobernador Gustavo Sáenz frente a la desidia en el municipio actúa como un manto de protección política que ignora el profundo dolor de la comunidad.
El fallecimiento de Tomás no puede ser tratado simplemente como un hecho vial aislado, sino que es un claro reflejo de la decadencia y la falta de responsabilidad en la función pública. Es imperativo que la justicia actúe con celeridad para garantizar que el hecho no quede impune, y que las autoridades provinciales asuman de una vez por todas su deber de control para restaurar el orden el pueblo salteño exige. La sociedad espera que se haga justicia.
