Un reciente estudio de opinión pública confirma que, respecto a la Ley de Lemas de Gustavo Sáenz, la mayoría de los salteños muestran un amplio rechazo o una profunda desconfianza hacia su implementación. Según el relevamiento dirigido por Benjamín Gebhard entre el 17 y 19 de abril de 2026, el 45,7% de los consultados se opone abiertamente a la medida, frente a un escaso 7,6% que la apoya, dejando en evidencia la falta de consenso social para que el proyecto de los diputados oficialistas avance en la Legislatura.
El dato más contundente de la encuesta revela que el 56,7% de los ciudadanos considera que esta reforma es simplemente una estrategia del gobierno para “aumentar sus posibilidades de ganar las elecciones”. Esta percepción de oportunismo político aplasta a las otras opciones, ya que solo un 4,2% cree que se trata de una modernización del sistema. La desconfianza hacia el oficialismo queda de manifiesto al interpretar el proyecto como una maniobra para asegurar el poder y no como una mejora institucional.
Estos resultados configuran un escenario donde la legitimidad de cualquier reforma electoral está severamente condicionada por la baja credibilidad del sistema político. Con una muestra de 800 casos y un 95% de confianza, el informe resalta que avanzar con una modificación de esta magnitud sin un respaldo social sólido es leído por la comunidad como una ventaja partidaria, lo que profundiza el escepticismo de los votantes salteños.
El análisis destaca un alto porcentaje de indecisos que llega al 46,7%, lo que refleja desconexión o falta de información sobre los alcances técnicos de la ley. Sin embargo, el sesgo negativo predomina y sugiere que el costo político de reinstaurar un sistema derogado en 2002 podría ser elevado para el oficialismo. El clima de escepticismo e incertidumbre será el telón de fondo para la movilización ciudadana prevista frente a la Legislatura, donde se exigirá el respeto a la transparencia electoral.
Fuente: El Intra
