La concejal de La Libertad Avanza, Laura Jorge, manifestó su profunda preocupación por el estado edilicio de los establecimientos educativos en la ciudad de Salta, calificando la situación de la infraestructura escolar como crítica. Durante su intervención, la edil advirtió que las deficiencias estructurales no son casos aislados, sino un problema sistémico que afecta el derecho básico a la educación. En este escenario, subrayó que las malas condiciones en las que se encuentran algunas escuelas y fallas en el programa Puesta a Punto.
Uno de los casos más alarmantes presentados por la legisladora fue el de la escuela Clara Saravia Lineras de Arias, donde una construcción nueva sufrió la caída de su techo, obligando a 900 alumnos a rotar turnos para asistir a clases. También visibilizó la realidad del colegio América Latina, cuyos estudiantes deben utilizar una capilla como aula, y el abandono total en la localidad de La Troja, donde la comunidad educativa se siente desamparada por la falta de presencia municipal.
Escuelas de Salta en crisis: La Libertad Avanza pide saber qué pasó con el programa Puesta a Punto
El eje de la denuncia se centró en las irregularidades del convenio “Puesta a Punto”, programa destinado a refaccionar escuelas mediante fondos provinciales ejecutados por el municipio. La referente libertaria reveló que, según testimonios de directivos escolares, las obras suelen ser asignadas a “cooperativas amigas” que realizan, en algunos casos, los trabajos a medias. Para la concejal, este mecanismo de contratación representa un manejo ineficiente de los recursos que debería estar supervisando la Municipalidad de Salta en su rol de ejecutor.
Al cierre de su exposición, Laura Jorge exigió transparencia inmediata y un cambio en la política de supervisión de la obra pública escolar. “Basta de tener una mirada que no sea de control con estas cooperativas; la Municipalidad debe garantizar que las obras se ejecuten”, sentenció. Con este planteo, La Libertad Avanza reafirma su postura de fiscalización rigurosa, exigiendo que la gestión municipal priorice la seguridad de los niños y la transparencia en el uso del dinero público por encima de los compromisos políticos.
