La apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen derivó en un escenario de tensión. La intendenta, Soledad Cabrera, debió ser retirada del edificio bajo un fuerte operativo de seguridad, luego de que una multitud de vecinos rodeara el lugar para manifestar su repudio a la gestión municipal, llegando incluso a registrarse pedradas contra el vehículo oficial. Días antes, los vecinos marcharon en contra de la mala gestión de la intendente aliada clave del gobernador, Gustavo Sáenz.
El conflicto expone el profundo malestar de una comunidad que denuncia irregularidades administrativas, falta de obras públicas y un deterioro crítico en los servicios básicos.
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Para los manifestantes, la situación de Cabrera es insostenible, y el descontento social acumulado transformó un acto institucional en una protesta masiva que exige respuestas inmediatas sobre el destino de los recursos del municipio.
Este estallido en el norte provincial representa un golpe directo al discurso de eficiencia y “paz social” que pregona el gobernador Gustavo Sáenz. La figura de Cabrera, una aliada estratégica del mandatario provincial, ha quedado debilitada, dejando en evidencia que el blindaje político ofrecido desde el Grand Bourg no alcanza para contener el descontento de una ciudadanía que se siente abandonada por la administración local.
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A pesar de la protección política de la Provincia, la imagen de una intendenta escoltada por la policía para evitar la furia de sus propios vecinos marca un punto de inflexión en la gobernabilidad de Yrigoyen. Mientras el oficialismo provincial intenta sostener su estructura territorial, la realidad en las calles del interior comienza a agrietar el relato de unidad y gestión que el Ejecutivo salteño intenta proyectar.
