La tensión social en el norte provincial alcanzó su punto máximo este domingo. Cientos de vecinos autoconvocados de Hipólito Yrigoyen ganaron las calles para manifestar su absoluto repudio a la administración de la intendenta Soledad Cabrera. El reclamo, que combina el hartazgo por la falta de transparencia y el colapso de los servicios básicos, pone bajo la lupa no solo a la gestión local, sino también al firme respaldo político que Cabrera recibe de su principal aliado: el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
El detonante de la movilización fue la parálisis casi total de la estructura municipal. Según denunció la concejal Carla González, la gestión de Cabrera acumuló una deuda de 97 millones de pesos con la empresa EDESA. Ante la falta de pago, la prestataria procedió a retirar los medidores de luz, dejando sin funcionamiento edificios clave para la comunidad.
Hoy, lugares estratégicos como el Centro de Integración Comunitaria (CIC) —donde se tramitan licencias de conducir y permisos administrativos— y el Complejo Municipal permanecen cerrados. Esta situación ha privado a los habitantes de servicios esenciales y espacios de recreación, profundizando un malestar que ya es generalizado.
Durante la marcha, el pedido fue unánime: rendición de cuentas inmediata y soluciones a la crisis institucional. A poco más de dos años de haber asumido, la gestión de Soledad Cabrera se encuentra en su momento más crítico, cercada por la desidia administrativa y un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar el abandono, ni a nivel municipal ni provincial.
Fuente: Sitio Gente de Salta
