Para mostrar un trabajo coordinado entre La Libertad Avanza en Salta y el Gobierno nacional, el partido, a través de sus legisladores, insiste con la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de Todos los Salteños. El encargado de explicar la iniciativa fue Franco Lastra, diputado provincial, quien compartió un video a través de las redes sociales.

En un movimiento coordinado que busca replicar el modelo de transformación nacional en el ámbito local, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados insiste con el proyecto de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de Todos los Salteños”. La iniciativa, que retoma la posta del trabajo iniciado originalmente por el ahora senador, Roque Cornejo, se perfila como una herramienta disruptiva para cambiar la matriz de gestión en la provincia.

El diputado provincial, Franco Lastra, fue el encargado de explicar la vigencia de este paquete de reformas, asegurando que su aprobación marcará un antes y un después en la forma de administrar los recursos públicos. Según Lastra, el objetivo central de la normativa es alcanzar una transformación integral que abarque los planos económico, administrativo y social de Salta, rompiendo con estructuras burocráticas que han quedado obsoletas frente a las demandas de la sociedad.

EFICIENCIA Y LIBERTAD COMO EJES RECTORES

La propuesta libertaria no solo busca una reorganización técnica, sino que plantea un cambio de paradigma político. “Queremos un Estado más eficiente”, subrayó Lastra en un video que compartió en sus perfiles oficiales de redes sociales. En este sentido, la iniciativa pone especial énfasis en la defensa de la libertad económica y el resguardo de los derechos individuales, pilares que el bloque considera fundamentales para atraer inversiones y fomentar el desarrollo genuino en el sector privado salteño.

El proyecto de Ley Bases se posiciona como una de las principales banderas libertarias en la Legislatura provincial. La apuesta de La Libertad Avanza es clara: simplificar la estructura estatal para devolverle el protagonismo a los ciudadanos, estableciendo reglas de juego claras que limiten la discrecionalidad política y prioricen eficiencia del gasto público.

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